SITUACIÓN SOBRE EL RESPETO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA

RESUMEN EJECUTIVO

Oaxaca de Juárez, Oax, 26 de mayo 2025

Introducción 

En el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos a la ciudad de Oaxaca, el pasado 9 de Mayo de 2025, las 33 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil abajo firmantes, presentamos el documento: Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, redactado colectivamente y que da cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestra entidad. Si bien son múltiples los hechos violatorios de los derechos humanos que ha sufrido la población oaxaqueña durante el periodo de la actual administración bajo el mandato del gobernador Salomón Jara, se destacaran por su gravedad, los ámbitos más relevantes, dado el interés que mostró el gobierno de ese país sobre esta problemática. A continuación se presenta un resumen del documento citado:

Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos 

La criminalización de la protesta social, en especial la proveniente de las propias comunidades, defensores comunitarios y de personas provenientes de organismos civiles. Oaxaca ocupa el primer lugar en asesinatos a personas defensoras, le siguen Guerrero con 39% y Chiapas con 17%. 55 personas defensoras del 58 asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, es decir que el 95% de los asesinatos se cometieron contra personas indígenas . [En los últimos 6 años fueron asesinadas 225 personas defensoras en México. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, ( Periodo Diciembre 2018 – Octubre 2024) disponible en: https://alasyraices.org/en-los-ultimos-seis-anos-fueron-asesinadas-225-personasdefensoras-en-mexico/ ]

Los asesinatos de integrantes de comunidades, debido a la persistencia de conflictos agrarios; así como a la oposición comunitaria de megaproyectos en sus terrenos ha traído consigo el desplazamiento forzado, la división de tejido social, así como los asesinatos y amago de prisión de personas defensoras como: 

• Wilfrido Atanacio Cristobal, Victoriano Quirino Jiménez y Abraham Quirino Agustín, quienes fueron emboscados y asesinados de la comunidad de El Platanillo el 13 de febrero de 2025, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). 
• La comunidad indígena Chontal El Coyul, Huamelula, ante un proyecto inmobiliario 21 personas, entre ellas mujeres y personas mayores, tienen una sentencia de 15 años de prisión y 90 mil pesos de multa, más una reparación de daños por 55 millones de pesos, bajo la fabricación de delitos infundados como Despojo Agravado y Secuestro. 
• Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa. Existen procesos judiciales contra 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de ambas comunidades, que han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento. 
• Otro caso también respecto al despojo de tierras y el desplazamiento forzado en comunidades de la Mixteca de Oaxaca, lo que ha ocasionado un retorno inseguro de las familias a sus comunidades 
• Justicia para las personas asesinadas y desaparecidas en San Esteban Atatlahuca: Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, desaparecidos el 23 de octubre de 2021. Únicamente fue encontrado asesinado Mayolo Quiroz Barrios, los demás defensores continúan en calidad de desaparecidos. 
• En este informe, se identifica a su vez las acciones y políticas insuficientes en cuanto a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la reparación integral del daño, la no repetición y el derecho a la verdad. Ello deriva entre otras acciones: la formación permanente y pago digno de intérpretes y traductores de lenguas indígenas; los procedimientos lentos y costosos; la desinformación en relación con el derecho a la justicia, la defensa jurídica acordes a la realidad social y conductas judiciales dignas, pues las existentes, victimizan y criminalizan, lo que impide un seguimiento adecuado a casos que involucran a personas y comunidades indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas. 

Derecho a defender los derechos 

Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de asesinatos que en el periodo referido (2028 – 2024) cuenta ya con 55 personas defensoras asesinadas, cuyos asesinatos continúan en la impunidad.[2] Derechos civiles y políticos y tierra y territorio son los derechos más defendidos, con 27 y 26 personas asesinadas respectivamente (representando el 91% del total). 

• Sandra Domínguez Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, originaría de la región ayuuk de Oaxaca, fue desparecida y asesinada con su esposo el 4 de Octubre de 2024, debido a las denuncias que realizó contra funcionarios de gobierno Estatal y Federal, que compartían mediante chats fotografías sexuales de mujeres indígenas, entre ellos el coordinador de delegados de la paz social Donato Vargas Jiménez y hasta abril 2025 son hallados sus cuerpos en fosas clandestinas de Veracruz. 
• Mujeres desaparecidas y asesinadas debido a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y un alto a la impunidad en la Región de la Mixteca como son: Irma Galindo Barrios (desaparecida el 27 de octubre de 2021); Claudia Uruchurtu Cruz activista de Nochixtlán (desaparecida el 26 de marzo de 2021); así como Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, indígenas triquis, activistas desaparecidas el 05 de julio de 2007. 

Derecho a una vida libre de violencia 

Según el Observatorio sobre el Feminicidio que coordina GESMujer (Monitoreo y Mapeo de la Violencia feminicida en Oaxaca, México. GESMujer. https://www.gesmujer.org/sitio/monitoreo-deviolencia-feminicida-en-oaxaca/?v=6ee8cb899cf7)  durante la actual administración al 19 de mayo de 2025 se han registrado 237 asesinatos violentos de niñas y mujeres. Durante el año 2025 de los 33 casos, 48% se concentró en las regiones de Valles Centrales e Itsmo; el 12% fueron niñas y adolescentes, el 45% ocurrieron en su casa y el 67% fue por arma de fuego.

El 9 de septiembre de 2019 María Elena Ríos fue atacada con ácido por Juan Antonio Vera Carrizal, caso rodeado de irregularidades y revictimización, así como de impunidad, sin haber sido sentenciado hasta la fecha. Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en violencia escolar y el personal educativo no está capacitado en perspectiva de género, derechos humanos y prevención de violencia para hacer frente a la situación. El subregistro existente sobre los casos de violencia en organismos de gobierno, que no toman en cuenta los recuentos que hacen las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Las instituciones y órganos de justicia tienen un papel preponderante para erradicar la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos de violencia. 

Derecho a la diversidad sexual 

En 2024 y 2025 se reportaron 11 casos – según lo reportado por el Observatorio de crímenes de Odio y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, reportó que el 85% de personas trans, experimentaron violencia física, psicológica y sexual.[4] La agresión, discriminación hacia este grupo poblacional, ha sido una constante incluida la comunidad Muxe, con presencia importante en el Istmo de Tehuantepec. Un hecho reciente se refiere al activista mixe Filiberto, integrante del colectivo Comedora Comunitaria, que vivió persecución por parte de las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino. Las carpetas de investigación y quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con carpetas de investigación levantadas, incluyen los siguientes actos violatorios: discriminación, abuso de autoridad, hostigamiento laboral y despido injustificado, caracterizadas por una respuesta de las autoridades como: confusas, omisas y aún discriminatorias, incluido el propio Congreso del Estado de Oaxaca. 

Derecho a la salud 

La situación en el ámbito de la salud en el estado de Oaxaca es realmente preocupante; se destacan dos situaciones muy reveladoras: En enero de 2025, el Hospital Civil de Oaxaca Dr. Aurelio Valdivieso suspendió cirugías y atención de urgencias quirúrgicas por crisis hospitalaria debido a la falta de insumos, material de curación, medicamentos y servicios integrales, lo que generado la negación al acceso a servicios de salud por falta de insumos básicos y de medicamentos. El 1º de Mayo, las declaraciones del Secretario de la Sección 35 del Sindicato de Salud de Oaxaca, son más que reveladoras: como nunca en la Historia, los Centros de Salud y Hospitales de Oaxaca, sin medicamentos. De igual manera denunció la falsedad en la operación del Hospital de la Mujer y la Niñez, recientemente inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un nosocomio de infraestructura de alta calidad.

Derecho a la seguridad 

Las redes criminales tanto en las calles como en el entorno digital, han orientado su reclutamiento de las niñeces, adolescencias y juventudes. Baste ver algunos datos: En cuanto a las desapariciones, en Oaxaca, al 16 de mayo de 2024, 129 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 54.26%; el 22.35% de los casos de mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.[6] Las cifras con las que se cuenta arrojan que entre 2018 y 2023, se documentaron altos niveles de crueldad en homicidios y el crecimiento de violencia contra niñas: 40% de casos de violencia feminicida registrados de diciembre de 2022 a abril de 2023 fueron cometidos contra menores de edad. 

Derecho a un medio ambiente sano 

Crisis Hídrica. En 2024 el 70.4% de los municipios de Oaxaca enfrentaron un grado de sequía severa y extrema (162 con sequía severa y 44 con sequía extrema). La falta de información ambiental sobre los impactos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en tanto a uso de agua, drenaje, basura y electricidad. Concesiones mineras. En Oaxaca, según información oficial, hasta 2020, se encontraban vigentes 294 concesiones mineras , que derivan en despojo de tierras y debilitamiento del tejido social y comunitario. Dichas concesiones representan más de 300,000 hectáreas de territorios concesionados para la explotación minera. [7] Deterioro ambiental. Además de las situaciones anteriormente enunciadas, se agrava la problemática en torno a la generación de residuos sólidos (basura inorgánica) que se genera por toneladas al día y que durante más de 40 años fue depositada en la zona oriente de la comunidad de Zaachila, en Valles Centrales. Todo ello, aun con la recomendación 09/2024 por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por violación a los derechos a un medio ambiente sano por actos y omisiones de servidores públicos. La negativa de las instancias continúa.

Derecho a la organización y participación ciudadana Denunciamos las reformas rigurosas y políticas fiscales estrictas para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que obstaculizan su labor, narrativas antagónicas y criminalizantes, así como la falta de articulación y acceso a recursos públicos. Difamación sobre las actividades que realizan las organizaciones sociales y civiles en torno a la defensa de los derechos humanos, así como el no reconocimiento a su quehacer, lo que ha derivado en el retiro de fondos públicos a los cuales tiene derecho; la intimidación, la agresión e impedimento del ejercicio del derecho a defender derechos, lo que ha impactado negativamente el entorno del espacio cívico.

Derecho a la participación política de las mujeres 

Oaxaca sigue siendo uno de los primeros lugares en presentar denuncias por violencia política en razón de género, dirigidos a 135 mujeres en los que el Instituto Nacional Electoral resolvió favorablemente. No se puede precisar la numeraria exacta, ya que algunos siguieron en proceso, y otros no son denunciados.[8] 

Derecho a la información y a la comunicación 

Del año 2000 a la fecha, “Artículo 19” ha documentado 171 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. En Oaxaca han sido asesinados 15 periodistas, lo cual representa el 8.7% del total nacional. En el marco legal existente no permite el pleno ejercicio de este derecho por parte de medios de comunicación comunitarios, indígenas y afromexicanos existentes, a pesar de la revisión actual de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicación. Ello ha derivado en persecución y criminalización, a veces vinculadas a intereses adversos de grupos de poder, empresas y partidos políticos. Por último, se hacen Recomendaciones – Exigencias de parte de las instancias participantes en cada uno de los ámbitos mencionados anteriormente en materia de erradicar las violaciones a derechos humanos, que históricamente y que la actual administración gubernamental, desafortunadamente continúa. Se mencionan algunas de ellas: 

1. Restitución y justicia por personas defensoras del territorio asesinadas y desaparecidas. 

2. La generación de un diseño institucional, que erradique de manera inmediata en la parte jurídica, procedimental, plan de acción y presupuesto que pare la situación de inseguridad de las y los defensores. ¡Ni una agresión, ni una muerte más!  

3. Que las personas operadoras en el sistema de justicia, garanticen su actuación respetando el principio de igualdad, eliminando prácticas clasistas, racistas, de discriminaciones relacionadas con el género, discapacidad, cultura, identidad, 1. racismo, racialización, y demás que impliquen asimetrías de poder en procesos judiciales. 4. Protocolos y normativas que contemplen rutas prioritarias para la atención en casos de violencia por la identidad, orientación o preferencia sexual. 5. Modificar sustantivamente y de manera ascendente, los presupuestos asignados al sector salud, que revierta el deterioro y escasez de insumos, medicamentos, así como la profesionalización del personal. 6. Modificar la presencia del ejército y de la guardia nacional en las comunidades, que lejos de garantizar la seguridad de la población, la intimidan y agreden, sobre todo en lugares donde existe resistencia a los megaproyectos impuestos. 

7. Intervención inmediata de Fiscalía para actuar imparcialmente sobre la investigación en curso contra los responsables de los delitos de despojo agravado, amenazas y destrucción ambiental. 

8. Respeto irrestricto a lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAOSC), que reconoce el derecho a la participación de las OSC en los asuntos de carácter público, así como a la obtención de recursos económicos para realizar la labor como Actores de interés público. 

9. Generar espacios de fortalecimiento del espacio cívico en mujeres lideresas, mediante escuelas de formación para la generación de liderazgos en mujeres indígenas y afromexicanas. 

10. Se reconozca y respete el derecho de las personas periodistas, sin que sean criminalizada su labor, ni mucho menos sean hostigadas, desaparecidas o ejecutadas.

Alianza Cívica Pinotepa A.C. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS) Centro de Apoyo para la Creación y Creatividad Calpulli A.C. Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C. Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos "Gobixha" (CODIGODH) Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos (GES MUJER) Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO) KOXUB Comunidad Trans por la Defensa de nuestros DDHH en Oaxaca Luna del sur A.C. Marea Verde Mixteca Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ A.C. S.L.P. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM) Ña´a Tunda A.C. Ñuu Jnama Yuku Ojo de Agua comunicación A.C. Organización de Mujeres Poj Kääj Piña Palmera A.C. Red de Médicas por el derecho a decidir Red de Mujeres Lesbianas Existimos y Resistimos Red Futuros Indígenas Red Nacional por el Derecho a Decidir SERMixe: Servicios del Pueblo Mixe A.C. Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) Tequio Jurídico A.C. The Hunger Project México (THP) Trans Difusión A.C. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO) Xquenda Artes e investigación para la transformación social A.C.

https://x.com/elkleus/status/1927037175415046394

Referencias:

[1] En los últimos 6 años fueron asesinadas 225 personas defensoras en México. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, ( Periodo Diciembre 2018 – Octubre 2024) disponible en: https://alasyraices.org/en-los-ultimos-seis-anos-fueron-asesinadas-225-personasdefensoras-en-mexico/

[2] Ídem. 

[3] Monitoreo y Mapeo de la Violencia feminicida en Oaxaca, México. GESMujer. https://www.gesmujer.org/sitio/monitoreo-deviolencia-feminicida-en-oaxaca/?v=6ee8cb899cf7

[4] Los alcances del prejuicio en México 2024. Homicidios de personas LGBT+ en México, 2024 Letra Ese.https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/ 

[5] Denuncian falta de medicamentos e insumos en hospital de Oaxaca. El Universal 1 de Mayo de 2025. https://esus.noticias.yahoo.com/denuncian-falta-medicamentos-insumos-hospital-164424007.html

[6] Desaparición de personas en Oaxaca aumenta 42.7% en el gobierno de Salomón Jara. Estado 20 https://www.estado20.com/estado/desaparicion-de-personas-en-oaxaca-aumenta-42-7-en-el-gobierno-de-salomon-jara/ Oct 18, 2024. 

[7] Mapa sobre concesiones y proyectos mineros en Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, disponible en:https://www.educaoaxaca.org/mapa-concesiones-y-proyectos-mineros-en-oaxaca/

[8] Diagnóstico Institucional en el Proceso Electoral 2023 – 2024, Caso Oaxaca, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC del Proyecto: Monitoreo y Observación Ciudadana de la Violencia Política hacia las Mujeres y por Razón de Género, en Regiones del Proceso Electoral 2023 – 2024, DECA Equipo Pueblo. 2024

PRONUNCIAMIENTO POR UN JUICIO JUSTO PARA MARIA ELENA RIOS

 Pronunciamiento por un juicio justo para María Elena Ríos. 

 

A todas las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. 

A todos los organismos públicos obligados a promover, proteger, defender y garantizar los derechos humanos 

A la sociedad en general. 

 

Las suscritas integrantes de la Asociación Civil Luna del Sur, en defensa de los derechos humanos, en específico de las personas que viven la discriminación en cualquiera de sus formas, exigimos al juez instructor del caso de María Elena Ríos que aplique la perspectiva de género en toda su amplitud, así como, todas las leyes que protegen y amparan a las víctimas, además de ser riguroso con la persona imputada en todos los procedimientos.  

También solicitamos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca que vigile la completa aplicación de las leyes. así como, el riguroso cumplimiento de los procedimientos que no siempre se han cumplido, esta es una oportunidad para demostrar que el Poder Judicial no está supeditado a ningún otro poder y hacer lo que la ley indica con responsabilidad y rigurosidad. 

 

Exigimos a las Comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, intervengan para realizar señalamientos, observaciones e investigaciones necesarias para que este juicio sea justo y repare el daño ocasionado a la víctima. 

 

Atentamente. 

Luna del Sur A.C. 

“Justicia para una vida digna” 

 

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de agosto de 2024. 

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA LEY DE INGRESOS 2024, OAXACA.

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diciembre de 2023 

A LOS EJIDOS, COMUNIDADES AGRARIAS E INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA. 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

Los que suscribimos el presente manifiesto, patentizamos nuestra preocupación frente a la política económica neoliberal del gobierno que encabeza el Zapoteca Salomón Jara Cruz, mediante el decreto que aprueba la Ley de Ingreso del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024. En primer término, enfatizamos que vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII, asimismo contraviene los artículos 4, 5, 6, 13, 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen la libre determinación, la propiedad social de los territorios de los pueblos originarios y que, el gobierno del Estado está obligado a respetar y aplicar plenamente. Considerando que una ley secundaria no puede afectar los derechos constitucionales y convencionales de las comunidades agrarias y ejidos, entendiendo que en el Estado de Oaxaca existen 16 pueblos indígenas, cuya organización política, social, económica y cultural data de muchos siglos que, en la época de la invasión europea, trastocó gravemente nuestras formas de vida y convivencia con la madre tierra. La publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2024, contempla en su inciso B): “B) Fortalecer los ingresos derivados de la Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal ❖ Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.

Y en su artículo 25 plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que, no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral. 

La parte del decreto que se cuestiona es, una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salinas de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca.

La pretensión del gobierno de “la primavera oaxaqueña”, de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de “territorios y no de escritorios”, siendo el gobernador de origen zapoteco de la Sierra Juárez, no garantiza que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos, visitar a los 570 municipios en el Estado, no significa conocer la realidad y el contexto social de las más de 10 mil comunidades que coexisten en Oaxaca, formas de gobierno y organización ancestral reconocidos en el artículo 2º Constitucional y los artículos 4, 5, 6 del Convenio 169 de la OIT.

El decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, de manera directa socaba la base de la propiedad social máxime, de manera expresa manifiesta su pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, que representa la política neoliberal salinista de privatizar la tierra de los ejidos y comunidades. Lo anterior nos lleva a afirmar que el gobierno que se autoidentifica de “izquierda y progresista” representada por un indígena zapoteca, con origen político en organizaciones sociales en el Estado de Oaxaca; ética y moralmente no debe operativizar la política neoliberal impuesta por los gobiernos conservadores del pasado. 

Apelamos al origen del gobernador del Estado de Oaxaca, y lo invitamos a rectificar su forma de gobernar a un Estado con población eminentemente indígena y en el marco de una política de gozona, ordene la derogación del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como de su programada que denomina: Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio. La razón es muy simple: las comunidades agrarias y los ejidos contamos con la certeza jurídica que nos otorga nuestras carpetas básicas, debidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional. El programa que pretende implementar, no beneficia en lo absoluto a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras.

Es lamentable que un gobernador de origen zapoteca, desconozca las aportaciones que realizamos los pueblos y comunidades indígenas desde nuestra forma de organización social y que son aportaciones al erario Estatal y Federal, en forma de tequios, faenas, servicios comunitarios, cargos, comités, asambleas, que sus montos en dinero resultan una suma superior a las inversiones que realiza el Estado en nuestras comunidades a través de proyectos sociales y asistencialistas. No obstante, la disposición del cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reconociendo los aportes como una contribución municipal; con su política neoliberal pretenden gravar la propiedad social de los Ejidos y Comunidades agraria e indígenas. Ante este panorama, planteamos: 

Que se evite este crimen en contra de la propiedad social, imponiendo la decisión neoliberal, asesinando a la civilización milenaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista. 

Enfatizando que, a la brevedad el gobierno del Estado debe enviar al Congreso del Estado el decreto que derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como su programa que denomina: “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”. No basta con conferencias y declaraciones mediáticas. 

Llamamos a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil, y al pueblo en general del estado y del país a movilizarnos hasta la derogación de la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social. Así como a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes, combatiendo la Ley de Ingresos 2024, en la parte que afecta nuestra forma de organización social y propiedad colectiva. 

¡¡¡LA TIERRA NO ES NUESTRA, SOMOS SUS HIJOS E HIJAS Y NUESTRO DEBER ES PROTEGERLA!!!

Ejido Santa Catarina Quiané, Ejido Reyes Mantecón, Ejido Trinidad Zaachila Ejido La Guadalupe Trinidad Zaachila; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Matamoros, Mixe; Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chachoapam; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Alotepec, Mixe, Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC, Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Consejo Civil Mexicano Para La Silvicultura Sostenible Oaxaca; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” A.C.; Luna del Sur, A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, S.C., Aser-Litigio &Abogados; Tequio Jurídico, A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro Regional De Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C., Taller de Lectoescritura Zapoteca “Uken Ke Uken“, Mujeres Siemprevivas, DDSER Oaxaca, Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización, Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca AMIO, Red de Mujeres Mixes (REDMMI); Centro de Atención Integral de Mujeres Ayuuk A.C. (CAIMA), Servicios del Pueblo Mixe A.C., Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca; Iniciativa para el desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO); Centro Profesional Indígena de Asesoría Jurídica, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET), Colectivo de Mujeres de Ayutla; Defensoras por la Justicia; Agencia de Desarrollo Local La Chinantla, A.C., Red de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Yunhiz Espacio Alternativo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C., Centro Universitario Comunal de Ixhuatán; Preparatoria Comunitaria “José Martí” de Ixhuatán; Centro Ecológico Milpa Urbana, Organización de Agricultores Biológicos, A.C., Centro Universitario Comunal Matías Romero. Suscriptores Solidarios: Eliot Escobar #Elsurresiste, Felipe I. Echenique March, Profesor Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; Judith Bautista Pérez, Profra. Eva López Chávez, Porfirio Martínez Díaz, Gema Silvia Pacheco Vásquez (San Matías Chilazoa), Francisco Román Ramos González (comunidad El Porvenir), Dolores Francisca Cruz García (comunidad San Pedro Mártir), Sandra Escobar Colmenares, Hilario Constantino Santiago Santiago, Francisca Santiago (El Porvenir), Mauricio del Villar Zamacona, Pbro. Martín Octavio García Ortiz, Mercedes García Lara, Juan Carlos Julián Morales, Edith Morales, Alexandre Beaupré.

 

DECLARACIÓN PÚBLICA POR EL DERECHO HUMANO A LA CULTURA.

DECLARACIÓN PÚBLICA POR EL DERECHO HUMANO A LA CULTURA.

 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de diciembre de 2022.

 

La conmemoración del día internacional de los derechos humanos, se ha convertido en un día de denuncia y protesta por su vulneración. Promover y celebrar estos derechos, se queda muy corto frente a los constantes riesgos a los que se enfrentan las personas, cuando exigen la garantía del goce y ejercicio de los mismos.

Desde la declaración el milenio en el año 2000, se introdujo la percepción de los derechos culturales en la diversidad que actualmente conocemos. En 2010 la Asamblea General de la ONU subrayó[1] que los derechos culturales abarcaban una amplia gama de cuestiones, como la expresión y la creación, incluidas diversas formas de arte; el idioma; la identidad y la pertenencia a grupos múltiples, diversos y cambiantes; la formulación de visiones específicas del mundo y la búsqueda de formas específicas de vida; la educación y la capacitación; el acceso, la contribución a la vida cultural y la participación en ella; y la realización de prácticas culturales y el acceso al patrimonio cultural.

Dentro de estos derechos, el derecho humano a la cultura implica las libertades para materializar los sentimientos humanos, es comunicación, lenguaje, es la expresión del potencial creativo de las personas. Históricamente el arte en todas sus manifestaciones, refleja desde emociones, hasta situaciones sociales que nos llevan a comprender la realidad que vivimos, a través de la expresión oral, visual, material, sensorial, gráfica, escrita.

Oaxaca es territorio de arte y cultura. Es la resonancia de la belleza, de la diversidad y también lo es de la resistencia, de la denuncia y reclamos sociales convertidos en obras de arte. Sin embargo, toda esta riqueza, ha quedado relegada por el extractivismo cultural, tangible e intangible, es criminalizada en casi todas sus expresiones, excluida del alcance de la sociedad. La gran mayoría de espacios culturales en Oaxaca, se encuentran en manos de grupos extractivistas, colonialistas, racistas, clasistas, sexistas, ejerciendo el poder, el dinero, los intereses públicos trastocados por mecánicas empresariales que privan a gran parte de la población de acceder a la cultura en toda su diversidad. Los pueblos de Oaxaca hemos estado siendo despojados históricamente de nuestras propias culturas, con la aquiescencia del Estado, con violencia, con complicidad de grupos de poder económico y político, criminalizando a quienes se resisten, usando toda la infraestructura del Estado para mantener fuera del alcance de los pueblos, todo el valor de la cultura.

En Oaxaca, la cultura ahora tiene un precio muy alto, acceder a este derecho ha implicado un alto costo en la educación de los diferentes pueblos que la habitamos, la niñez principalmente no accede a estos derechos, las personas que están en situación de sobrevivencia cotidiana tampoco acceden al beneficio del ejercicio de este derecho humano. Sólo las personas con capacidad económica sobrada, así como personas visitantes, son quienes pueden disfrutar de ese derecho, pero quienes vivimos el día a día en nuestros pueblos, enfrentamos la ausencia de la debida garantía de acceder al disfrute de los derechos culturales, al arte, a la cultura universal, a la diversidad de los pueblos que habitamos este territorio.

Ejemplo de esta situación, como muchas otras, lo es el despojo que como sociedad hemos sufrido del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, ya que, bajo la resistencia de trabajadoras y trabajadores a que el museo sea transformado en un espacio elitistas y completamente ajeno a su naturaleza, ahora se haya tenido que convertir en un espacio donde el Estado, ordenó la violencia policial en contra trabajadoras y trabajadores que, en un legítimo reclamo a sus derechos laborales y a mantener el espacio del museo como un lugar abierto al arte y las culturas, derivó en contra de ellas y ellos, en violencia política, persecución, amenazas y criminalización. Nuevamente las élites económicas de Oaxaca, coludidas con agentes de Estado, se han unido para despojar a los pueblos de este espacio cultural, implicando la violencia en contra de quienes defienden el derecho de acceder a la cultura.

Quienes suscribimos este pronunciamiento, hemos defendido los derechos humanos, defendemos a personas defensoras de los derechos humanos y ahora nos hemos sumado en defensa del derecho humano a la cultura en toda su diversidad, al derecho humano de acceder a las artes y a que esto sea garantizado por el Estado. Por ello, en conmemoración del día internacional de los derechos humanos, damos a conocer nuestra postura frente al extractivismo cultural, frente a la privatización de la cultura, para instar al gobierno a que reivindique la naturaleza del derecho humano a la cultura y el arte, destacando los invaluables beneficios de fortalecer políticas públicas tendientes a atribuirle el valor que corresponde a las artes y las culturas, al acceso a la cultura universal y a establecer obligaciones contundentes para garantizar que cualquier persona acceda a estos derechos, como también a establecer límites a las empresas, fundaciones, asociaciones y análogas, que pretendan de manera directa o indirecta, el despojo de espacios, la privatización indebida o ilegítima, y que con ello se genere la exclusión de cualquier persona a acceder a sus derechos.

Apoyamos ampliamente las justas demandas de quienes trabajaron para el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y ahora son criminalizados tanto por agentes de Estado, como por quienes poseen el museo. Pedimos un alto a la difamación, persecución y amenazas a quienes legítima y legalmente se encuentran en resistencia y manifiestan pacíficamente el reclamo de sus derechos. Hacemos saber que el día 10 de abril de 2021, fue violentada la resistencia de los trabajadores, quienes fueron lastimados por fuerzas policiales del Estado. A fin de no olvidar que aún falta mucho para eliminar las prácticas de represión y violencia de Estado en contra de personas defensoras, estaremos llevando a cabo actividades en torno a la defensa del derecho humano a la cultura, mismas que se realizarán los días “10” de cada mes, a partir de enero de 2023 y hasta el día 10 de abril de 2023, que se conmemoran 2 años del desalojo violento de trabajadoras y trabajadores, donde se dará a conocer el programa de actividades artísticas y culturales durante la semana previa al 15 de abril de 2023 “día internacional del arte”.

Celebramos este día y reconocemos que aún hay camino por andar en la defensa de los derechos culturales y por ello instamos a los gobiernos a unirse en esta proclama por la vida colectiva en dignidad. En estos derechos, se lleva intrínseco el derecho a la participación en la toma de decisiones, porque la cultura no es particular, sino del conjunto de la población.

¡Justicia y apoyo total a extrabajadores de Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO)!

¡La expresión de la creatividad humana y disfrutar de ella, son derechos humanos que corresponde al Estado garantizar!

 

 

Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”.

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción.

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Fuerza Trabajadores MACO.

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña.

Luna del Sur A.C.

Servicios del Pueblo Mixe.

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[1] Derechos culturales, informe del décimo aniversario. Consejo de Derechos Humanos 40º. Periodo de sesiones 25 de febrero a 22 de marzo de 2019. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y Secretario General. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/010/55/PDF/G1901055.pdf?OpenElement

Sentencia sobre juzgar con perspectiva de género.

Compartimos con ustedes esta sentencia, en la cual obtuvimos la debida garantía de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Como toda resolución de amparo, nos provee de argumentos y fundamentos para casos análogos. Agradecemos la confianza de la víctima y esperamos que sea de utilidad. Presentamos un extracto de la sentencia y el link con todo el documento.

"Ahora bien, como se estableció, este resolutor de amparo considera fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, en cuanto aduce esencialmente, que la responsable hizo una incorrecta interpretación de lo que debe entenderse como “juzgar con perspectiva de género”, pues ello implica hacer uso de la categoría de género como herramienta para el análisis de la realidad social que atraviesan las mujeres considerando sus componentes formal normativo, estructural, político, cultural y de esa forma entender el abuso o violencia que denunció por parte de su agresor en el ámbito familiar, determinando en el caso, la necesidad de fijar condiciones adecuadas al caso en particular, pero tomando en consideración la vulnerable situación en que puede encontrarse la ahora víctima, a fin de lograr una efectiva e integral tutela de los derechos de la sujeto pasivo. En efecto, cabe decir, que el Estado Mexicano tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, pues tal deber deriva de los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1° párrafo último y 4°5 de la Constitución Federal. Así como de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, al formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3 y 266 ); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3 7 ); de la Convención Americana. [...] Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.)13, estableció que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria." Leer la sentencia completa.