Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diciembre de 2023
A LOS EJIDOS, COMUNIDADES AGRARIAS E INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUBLICO EN GENERAL.
Los que suscribimos el presente manifiesto, patentizamos nuestra preocupación frente
a la política económica neoliberal del gobierno que encabeza el Zapoteca Salomón
Jara Cruz, mediante el decreto que aprueba la Ley de Ingreso del Estado de Oaxaca
para el ejercicio fiscal 2024.
En primer término, enfatizamos que vulnera la seguridad jurídica de la propiedad
social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable
consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su fracción VII, asimismo contraviene los artículos 4, 5, 6, 13, 14 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, que establecen la libre determinación, la propiedad social de los territorios de los pueblos originarios y que, el gobierno del
Estado está obligado a respetar y aplicar plenamente.
Considerando que una ley secundaria no puede afectar los derechos constitucionales
y convencionales de las comunidades agrarias y ejidos, entendiendo que en el Estado
de Oaxaca existen 16 pueblos indígenas, cuya organización política, social,
económica y cultural data de muchos siglos que, en la época de la invasión europea,
trastocó gravemente nuestras formas de vida y convivencia con la madre tierra.
La publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2024,
contempla en su inciso B):
“B) Fortalecer los ingresos derivados de la Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal
❖ Se propone a esa Soberanía la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la
Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada
los predios ejidal y comunal, beneficiando directamente a los propietarios e
indirectamente a los Municipios que ven incrementado su padrón de propiedad
inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la
distribución de participaciones federales”.
Y en su artículo 25 plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa
de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la
propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación
de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que, no han regularizado
la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.
La parte del decreto que se cuestiona es, una clara muestra de la visión neoliberal,
fundada en la política impuesta por Carlos Salinas de Gortari mediante la reforma
constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que
detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca.
La pretensión del gobierno de “la primavera oaxaqueña”, de incrementar la base
recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el
desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas
y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de “territorios y no de
escritorios”, siendo el gobernador de origen zapoteco de la Sierra Juárez, no garantiza
que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y
comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos, visitar a los 570 municipios en
el Estado, no significa conocer la realidad y el contexto social de las más de 10 mil
comunidades que coexisten en Oaxaca, formas de gobierno y organización ancestral
reconocidos en el artículo 2º Constitucional y los artículos 4, 5, 6 del Convenio 169
de la OIT.
El decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, de manera directa
socaba la base de la propiedad social máxime, de manera expresa manifiesta su
pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, que
representa la política neoliberal salinista de privatizar la tierra de los ejidos y
comunidades. Lo anterior nos lleva a afirmar que el gobierno que se autoidentifica de
“izquierda y progresista” representada por un indígena zapoteca, con origen político
en organizaciones sociales en el Estado de Oaxaca; ética y moralmente no debe
operativizar la política neoliberal impuesta por los gobiernos conservadores del
pasado.
Apelamos al origen del gobernador del Estado de Oaxaca, y lo invitamos a rectificar
su forma de gobernar a un Estado con población eminentemente indígena y en el
marco de una política de gozona, ordene la derogación del artículo 25 de la Ley de
Ingresos 2024, así como de su programada que denomina: Certeza Jurídica de la
Seguridad y Bienestar del Patrimonio. La razón es muy simple: las comunidades
agrarias y los ejidos contamos con la certeza jurídica que nos otorga nuestras carpetas básicas, debidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional. El programa que
pretende implementar, no beneficia en lo absoluto a los ejidatarios, ejidatarias,
comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y
extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con
ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos
impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras.
Es lamentable que un gobernador de origen zapoteca, desconozca las aportaciones
que realizamos los pueblos y comunidades indígenas desde nuestra forma de
organización social y que son aportaciones al erario Estatal y Federal, en forma de
tequios, faenas, servicios comunitarios, cargos, comités, asambleas, que sus montos
en dinero resultan una suma superior a las inversiones que realiza el Estado en
nuestras comunidades a través de proyectos sociales y asistencialistas. No obstante,
la disposición del cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, reconociendo los aportes como una contribución
municipal; con su política neoliberal pretenden gravar la propiedad social de los
Ejidos y Comunidades agraria e indígenas.
Ante este panorama, planteamos:
Que se evite este crimen en contra de la propiedad social, imponiendo la decisión
neoliberal, asesinando a la civilización milenaria de nuestros pueblos y comunidades
indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista.
Enfatizando que, a la brevedad el gobierno del Estado debe enviar al Congreso del
Estado el decreto que derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, así como su
programa que denomina: “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del
Patrimonio”. No basta con conferencias y declaraciones mediáticas.
Llamamos a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de
la sociedad civil, y al pueblo en general del estado y del país a movilizarnos hasta la
derogación de la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad
social. Así como a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes,
combatiendo la Ley de Ingresos 2024, en la parte que afecta nuestra forma de
organización social y propiedad colectiva.
¡¡¡LA TIERRA NO ES NUESTRA, SOMOS SUS HIJOS E HIJAS
Y NUESTRO DEBER ES PROTEGERLA!!!
Ejido Santa Catarina Quiané, Ejido Reyes Mantecón, Ejido Trinidad Zaachila Ejido La Guadalupe Trinidad Zaachila; Comisariado de Bienes Comunales de
Santa María Matamoros, Mixe; Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz
Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, Comisariado de Bienes Comunales de Santa
María Chachoapam; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María
Alotepec, Mixe, Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC, Frente no
a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y
ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, Enlace Comunicación y
Capacitación A.C., Consejo Civil Mexicano Para La Silvicultura Sostenible
Oaxaca; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” A.C.;
Luna del Sur, A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C.,
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, S.C., Aser-Litigio
&Abogados; Tequio Jurídico, A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto
A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro Regional
De Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C., Taller de Lectoescritura
Zapoteca “Uken Ke Uken“, Mujeres Siemprevivas, DDSER Oaxaca,
Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y
Descolonización, Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca AMIO, Red de
Mujeres Mixes (REDMMI); Centro de Atención Integral de Mujeres Ayuuk
A.C. (CAIMA), Servicios del Pueblo Mixe A.C., Consejo Estatal de Derechos
Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Movimiento Agrario
Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca; Iniciativa para el desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO); Centro Profesional Indígena de
Asesoría Jurídica, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET), Colectivo de
Mujeres de Ayutla; Defensoras por la Justicia; Agencia de Desarrollo Local La
Chinantla, A.C., Red de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Yunhiz Espacio
Alternativo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec,
A.C., Centro Universitario Comunal de Ixhuatán; Preparatoria Comunitaria
“José Martí” de Ixhuatán; Centro Ecológico Milpa Urbana, Organización de
Agricultores Biológicos, A.C., Centro Universitario Comunal Matías Romero.
Suscriptores Solidarios: Eliot Escobar #Elsurresiste, Felipe I. Echenique March,
Profesor Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; Judith
Bautista Pérez, Profra. Eva López Chávez, Porfirio Martínez Díaz, Gema Silvia
Pacheco Vásquez (San Matías Chilazoa), Francisco Román Ramos González
(comunidad El Porvenir), Dolores Francisca Cruz García (comunidad San
Pedro Mártir), Sandra Escobar Colmenares, Hilario Constantino Santiago
Santiago, Francisca Santiago (El Porvenir), Mauricio del Villar Zamacona, Pbro. Martín Octavio García Ortiz, Mercedes García Lara, Juan Carlos Julián
Morales, Edith Morales, Alexandre Beaupré.
